El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) designó a Magda Roxana Gutiérrez Chara como nueva directora general de la Dirección General de Formalización Minera, de acuerdo con la Resolución Ministerial N.° 131-2026-MINEM/DM, publicada el 25 de marzo de 2026. Su nombramiento se produce en un momento especialmente crítico para la política de formalización minera en el país.
La designación ocurre en medio de fuertes cuestionamientos a la reciente prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), extendido hasta el 31 de diciembre de 2026. Este mecanismo, administrado por el MINEM, permite que pequeños mineros y mineros artesanales continúen en proceso de formalización sin enfrentar responsabilidad penal por minería ilegal durante ese periodo.
Sin embargo, diversos sectores consideran que el REINFO ha dejado de ser una herramienta efectiva para la formalización y se ha convertido en un mecanismo que prolonga la informalidad. Organizaciones de la sociedad civil y gremios mineros formales advierten que su ampliación favorece actividades extractivas sin control y debilita la capacidad del Estado para enfrentar la minería ilegal.
El reto pendiente: una reforma real
A este escenario se suma la controversia por las recientes modificaciones al régimen de concesiones mineras, que, según voces críticas, podrían acelerar la caducidad de concesiones formales y generar mayor vulnerabilidad para la pequeña minería legal frente a ocupaciones irregulares. Instituciones como la SNMPE, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y Comex han expresado su rechazo, al considerar que estas medidas no promueven trazabilidad ni incentivos reales para la formalización.
Gutiérrez Chara, abogada con experiencia previa en la propia Dirección General de Formalización Minera entre 2021 y 2022, asume el cargo bajo el régimen de confianza de la Ley del Servicio Civil. Su principal desafío será conducir una política que hoy enfrenta críticas por la falta de resultados y por la ausencia de reformas estructurales.
En paralelo, el debate sobre la Ley MAPE, planteada como alternativa al REINFO, continúa sin consensos en el Congreso. Mientras tanto, el país sigue sin una estrategia integral frente a la minería ilegal y las economías criminales asociadas, en un contexto donde la designación de una nueva autoridad no despeja las dudas sobre el rumbo de la formalización minera.
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