La gestión de los permisos para el uso de explosivos constituye uno de los pilares más complejos dentro del proceso de formalización minera en el país. En el escenario actual, la continuidad de una operación no depende únicamente de su capacidad productiva, sino de la estricta observancia de los controles impuestos por el Estado. Una gestión deficiente en los expedientes de seguridad o el incumplimiento de los plazos de adecuación administrativa representan un riesgo directo para la estabilidad del proyecto, pudiendo derivar en la suspensión definitiva del derecho a operar y la pérdida del estatus legal del titular.
Frente a esta necesidad de orden operativo, Meecsac y el medio digital Maz Media TV han consolidado una alianza estratégica para orientar a los mineros sobre la correcta gestión de los permisos estatales. Esta unión busca prevenir sanciones administrativas que comprometan la permanencia en el sistema de formalización. Como eje central de esta iniciativa, se realizó el webinar titulado «Permisología de explosivos y los retos de la formalización minera», a cargo del abogado Johnny Marzano Mejía. En su calidad de consultor experto en formalización y regulación de explosivos, el especialista desarrolló la sesión basándose en los siguientes puntos clave.
La autorización excepcional para la adquisición de insumos
El acceso legal a dinamita o fulminantes requiere obligatoriamente la obtención de la autorización excepcional de uso de explosivos. Este documento es el único título que garantiza la posesión legal del material ante las autoridades fiscalizadoras. Para tramitarlo, el operador debe contar previamente con la opinión técnica favorable del Ministerio de Energía y Minas, donde se certifica que la cantidad de insumos solicitada guarda relación directa con el volumen de producción de la labor minera.
Infraestructura de almacenamiento y personal acreditado
La normativa vigente prohíbe la tenencia de explosivos sin una infraestructura de almacenamiento previamente validada. Es indispensable acreditar un polvorín o depósito, el cual puede ser de propiedad del titular o bajo un contrato de alquiler con un tercero debidamente autorizado por SUCAMEC. De igual forma, la operación debe contar con personal que posea el carnet de manipulador vigente, asegurando que el manejo del material cumpla con los estándares de seguridad industrial exigidos por ley.
Plazos perentorios para la regularización de permisos
Un aspecto crítico abordado durante la sesión fue el plazo de noventa días establecido para que los mineros acrediten el inicio de sus trámites de explosivos. Según las disposiciones recientes, el incumplimiento de este cronograma sitúa al operador en una fase de depuración administrativa, lo que conlleva la exclusión del registro de formalización. Este límite temporal es innegociable y demanda una respuesta inmediata por parte de los titulares para salvaguardar sus derechos mineros.
Trazabilidad y control en la cadena de suministros
La responsabilidad del titular minero se extiende a la comunicación constante sobre el traslado y consumo de los materiales. Mantener los libros de registro del polvorín actualizados y reportar oportunamente las guías de tránsito ante las entidades correspondientes es la estrategia más eficaz para superar las fiscalizaciones inopinadas. La transparencia en la trazabilidad de los insumos evita suspensiones y garantiza que la operación mantenga su seguridad jurídica frente a los organismos de control estatal.
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